MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a evaluar el impacto de la pérdida de datos de las pulseras telemáticas para maltratadores. En concreto, en los procedimientos judiciales afectados, incluyendo número de casos, resoluciones judiciales comprometidas y víctimas potencialmente desprotegidas.
Así lo pone de manifiesto tras alertar la Fiscalía General del Estado (FGE) en su Memoria correspondiente al 2024 sobre absoluciones por "fallos" en las pulseras telemáticas para maltratadores.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo pide desencriptar los datos perdidos "a la mayor brevedad posible", para evitar que los sobreseimientos o sentencias absolutorias por falta de información relativa a la situación de los agresores, "empeoren aún más la seguridad de las víctimas".
En esta línea, el PP quiere que el Ejecutivo informe sobre las características concretas de los dispositivos adquiridos desde 2023 por la empresa adjudicataria del sistema Cometa, encargado de las pulseras telemáticas. En concreto, solicita el detalle de sus certificaciones técnicas, homologaciones para la actividad para la que se utilizan, controles de calidad que garanticen su fiabilidad.
Igualmente, pide información sobre la compra concreta de esos dispositivos por parte de la empresa adjudicataria, con detalle de su coste y de sus proveedores. En este sentido, insta a sustituir estas herramientas "si su solvencia técnica se revela como inadecuada para la seguridad de las víctimas".
En cuanto a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de género del Congreso de los Diputados, solicita que se le aporte los informes acreditativos de la "solvencia técnica y profesional" de las empresas contratadas.
Además, solicita que se precise a la comisión las causas técnicas del fallo; así como las medidas adoptadas para recuperar o reconstruir los datos perdidos; y los protocolos actuales de seguridad, trazabilidad y supervisión del sistema.
AUDITORÍA TÉCNICA, OPERATIVA Y JUDICIAL
Por otro lado, el PP insta al Gobierno a realizar una auditoría técnica, operativa y judicial independiente del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento desde el cambio de proveedor en 2023.
Asimismo, apuesta por establecer un mecanismo de supervisión permanente, con participación de las diferentes administraciones concernidas, "para garantizar la fiabilidad del sistema y prevenir futuras incidencias".
Finalmente, recomienda reforzar la formación de jueces, fiscales y cuerpos policiales sobre el uso y control de estos dispositivos, "asegurando una respuesta rápida ante cualquier fallo técnico".