Recurso de inteligencia artificial - UNSPLASH/ZACH M
MADRID, 14 Oct. (Portaltic/EP) -
Europa capta apenas el 6 por ciento de la inversión privada mundial en inteligencia artificial (IA), frente al 83 por ciento que acapara Estados Unidos, una asimetría a la que la región intenta responder con inversión pública, con una apuesta por las gigafábricas y los centros de datos, pero bajo unas exigencias normativas que se retrasan y generan incertidumbre.
La inversión privada en inteligencia artificial (IA) alcanzó los 344.700 millones de dólares (unos 310.000 millones de euros al cambio) en el mundo en 2025, de los que Estados Unidos absorbió 285.900 millones (257.000 millones de euros) y el conjunto de Europa 20.920 millones (18.793 millones de euros), según el AI Index de la Universidad de Stanford.
La asimetría de estos datos se encuentra en el hecho de que solo cuatro de las cincuenta mayores compañías tecnológicas del mundo son europeas, y el mayor operador europeo de nube tiene el 2 por ciento de su propio mercado doméstico, de acuerdo con el informe Draghi.
Ante esta situación, la respuesta europea sido pública e infraestructural, como se ha reflejado en el panel 'La carrera global de la IA: ¿dónde está Europa?', celebrado en la conferencia de AmChamSpain Global Trends 2026, que ha reunido al director general de EMEA ISV en AWS, Miguel Álava; al vicepresidente de Tecnología EMEA de IBM, Frank Theisen; y al vicepresidente EMEA South & Emerging de Palo Alto Networks, Jordi Botifoll, para debatir sobre la inversión de la región en esta tecnología.
Al respecto, se ha destacado el instrumento 'InvestAI', dotado con 20.000 millones de euros, que atrajo 77 propuestas de gigafábricas de inteligencia artificial en 16 Estados miembros y 60 emplazamientos. La propuesta de 'Cloud and AI Development Act' fija, además, el objetivo de al menos triplicar la capacidad de centros de datos de la Unión Europea en un plazo de cinco a siete años.
Por otra parte, la mayor parte del Reglamento europeo de inteligencia artificial se aplica desde el 2 de agosto de 2026, pero las obligaciones para los sistemas de alto riesgo recogidas en su anexo III se han aplazado al 2 de diciembre de 2027.
Esta "doble velocidad", en referencia al dinero público que se acelera y a las exigencias normativas que se retrasan, se encuentra en el centro de la pregunta que ha dado sentido al panel ('¿dónde está Europa?') y ha permitido plantear si el marco europeo es un activo que atrae inversión en inteligencia artificial o un coste que la desvía, y qué tendría que cambiar para inclinar esa balanza.
En líneas generales, la conversación ha girado en torno a la decisión de inversión vista desde una compañía global: cómo valora Europa cuando se evalúa situar una nueva capacidad de cómputo y qué factores hacen que la decisión acabe recayendo en otra región.
También ha considerado la utilidad real de la capacidad que Europa está financiando con dinero público, en tanto que construir gigafábricas de inteligencia artificial resuelve una parte del problema, pero no garantiza que esa capacidad acabe utilizada por empresas europeas en lugar de permanecer infrautilizada.
La mesa ha abordado las condiciones (demanda solvente, modelos adaptados, acceso para empresas medianas, servicios que acompañen a la infraestructura) que tendrían que cumplirse para que la inversión pública se traduzca en actividad económica y no solo en metros cuadrados de centro de datos.
Y ha debatido sobre el efecto práctico de la regulación sobre los planes de despliegue. Al respecto, el aplazamiento de las obligaciones de alto riesgo ha dado margen a las compañías, pero también ha introducido una incertidumbre adicional sobre cuándo conviene invertir en cumplimiento.
En paralelo, el panel ha cuestionado el término 'soberanía tecnológica', que en la actualidad se utiliza para referir cosas tan distintas como construir capacidad europea propia, imponer condiciones a los proveedores extranjeros o simplemente diversificar riesgos.
La conversación ha dejado clara la ambigüedad en un terreno verificable, es decir, lo que están exigiendo los clientes europeos en sus contratos que no pedían hace tres años: desde exigencias de localización del dato hasta cláusulas de portabilidad, reversibilidad o control sobre quién puede acceder a la información.