Los obispos españoles reunidos en la CXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. - EUROPA PRESS
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los obispos españoles someterán a discusión y votación esta semana, durante la CXXIX Asamblea Plenaria, un decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos de abuso sexual contra menores.
"Muchos se preguntan: ¿Por qué han llegado a un acuerdo sobre la reparación integral de víctimas de abusos? Las diócesis españolas y las congregaciones religiosas venimos trabajando unidas con la coordinación de la CEE y la CONFER desde hace varios años. Se ha realizado un trabajo de prevención, formación y regulación canónica. En esta misma Asamblea seguiremos impulsando todo este camino y someteremos a discusión, y posible aprobación, un decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer", ha avanzado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria.
En esta línea, Argüello ha puesto en valor el acuerdo recientemente alcanzado con el Gobierno para la reparación de víctimas de abusos porque reconocen que los abusos son "un escándalo gravísimo ante el que es preciso cualquier exceso en el reconocimiento de una obligación espiritual y moral".
Si bien, ha afeado al Ejecutivo que el de los abusos a menores cometidos en la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos, renombrado como Cuelgamuros, hayan sido los únicos asuntos en los que el Gobierno "ha querido forzar acuerdos".
Además, les preocupa "la insistencia del Gobierno, al comentar el acuerdo, en no reconocer las reparaciones ya realizadas" por la Iglesia "e insistir en que todo comienza ahora, así como en reducir toda la reparación a indemnización económica".
"El ministro de Justicia ha llegado a decir: 'el Gobierno decide y la Iglesia paga'. La Iglesia, en la persona de muchos responsables institucionales, ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa, y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto", se ha defendido.
Por otro lado, ha criticado al Gobierno por "tomar posturas 'confesionales' en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales".
"Tiene también una mirada confesional sobre la historia, y selectiva sobre las víctimas. Manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción. Todo ello queriendo asegurar el control sobre los medios de comunicación. Es de mínima honradez reconocer que varias de estas características valdrían para casi todos los gobiernos", ha reprochado.