MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha clausurado este viernes la Conferencia de Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor, celebrada del 7 al 11 de julio en Ginebra, durante la cual se ha adoptado la primera resolución sobre seguridad de los productos de consumo, que ha sido impulsada por España, junto a Brasil, Costa Rica, Sudáfrica y Suecia.
Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado, el texto promueve el desarrollo y la aplicación de normas y estándares claros y comunes, abarcando desde el diseño y la producción hasta la vigilancia de mercado; refuerza el papel de las autoridades nacionales para tomar medidas eficaces ante productos peligrosos, y establece un marco de cooperación que amplíe la aplicación de los derechos de defensa de las personas consumidoras a un mayor número de países.
"Debemos garantizar la seguridad en cada uno de nuestros países y para ello es ineludible un marco de cooperación internacional. Es físicamente imposible garantizar la seguridad en cada país si no se hace en colaboración con los otros, y de ahí que esta resolución sea tan necesaria", ha afirmado Bustinduy durante su intervención en la conferencia.
Según explica Derechos Sociales, la resolución acordada solicita a la Asamblea General de la ONU adoptar, por primera vez, unos principios generales sobre la seguridad de los productos de consumo, reconociendo el derecho de todas las personas consumidoras, de cualquier país del mundo, a acceder a productos seguros.
España, según destaca, "ha contribuido activamente" a la redacción del acuerdo en el seno de la ONU, "queriendo visibilizar un problema global y urgente, y la importancia de consensuar principios adaptables por cada país según sus circunstancias".
Según indica el departamento que dirige Pablo Bustinduy, en el contexto actual, caracterizado por el crecimiento del comercio digital y las cadenas de suministro globales, el Ministerio de Derechos Sociales exige "una acción conjunta y coordinada para garantizar la seguridad de los productos de consumo en todos los mercados" y defiende que "el avance hacia estándares globales solo es posible desde la cooperación, la solidaridad y el respeto a la diversidad de los marcos regulatorios nacionales".