Archivo - November 1, 2025, Novi Sad, Serbia: Flowers and wreaths lie outside the Novi Sad railway station before the commemoration. Hundreds of thousands of mourners gathered for the first commemoration for the Novi Sad's tragedy, in Serbia. The mourning - Europa Press/Contacto/Krisztian Elek - Archivo
MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Novi Sad ha sentenciado que el Estado serbio debe indemnizar con 44 millones de dinares (unos 370.000 euros) por daños morales a los familiares de una de las víctimas mortales del derrumbe de una marquesina en la estación de Novi Sad en el mes de noviembre de 2024, un incidente que dejó 16 fallecidos y que ha provocado una ola de protestas antigubernamentales en el país que han puesto en jaque la permanencia del presidente, Aleksandar Vucic.
La Justicia ha dictaminado que estos familiares han sufrido daños psicológicos derivados de la muerte de un ser querido y ha obligado a la compañía estatal encargada de los ferrocarriles y al Estado serbio a pagar 12 millones de dinares (100.000 euros) a dos familiares y otros 10 millones (85.000 euros) a otros dos miembros de la familia en un plazo de 15 días desde publicación del veredicto definitivo.
Esta sentencia ha sido trasladada al Tribunal de Apelaciones de Novi Sad, por lo que todavía no es definitiva, y se suma a otra ya emitida por el tribunal que también estableció indemnizaciones por los mismos motivos.
La Fiscalía de Novi Sad imputó a trece personas, incluido el exministro de Construcción, Infraestructura y Transporte Goran Vesic, por su posible responsabilidad en el derrumbe de Novi Sad acusados de delitos graves contra la seguridad pública por el estado del edificio.
Sin embargo, hace apenas un mes, la Justicia decidió cerrar el proceso judicial contra seis de los acusados, entre ellos el exministro serbio, por no encontrar suficientes pruebas para probar la comisión de los delitos indicados.
La tragedia de Novi Sad provocó manifestaciones masivas en Serbia, donde el descontento creció durante las semanas posteriores al suceso, acusando al Gobierno de negligencia. Durante las marchas, cientos de estudiantes y grupos opositores pidieron la dimisión de las autoridades.