Los Veintisiete renovaron a principios de esta semana las medidas contra la clase política por la represión de Ortega
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) han condenado este martes la decisión adoptada en la víspera por la Unión Europea, que ha extendido por un año más las sanciones contra la clase dirigente de Nicaragua por su espiral represiva, en lo que han considerado como una muestra "anacrónica de colonialismo y supremacismo".
En un comunicado conjunto, el grupo de diez países ha manifestado su rechazo "enérgico" contra la prórroga de unas medidas que ha calificado como "ilegales y arbitrarias" y que ha considerado como una "afrenta a la dignidad" del pueblo nicaragüense y un acto de "injerencia externa" sobre el país centroamericano.
Además, ha incidido en que "estas sanciones, expresión anacrónica de colonialismo y supremacismo, se suman al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y forman parte de una agenda intervencionista que busca criminalizar y aislar a" sus gobiernos, por lo que ha reafirmado su "solidaridad irrestricta" con el pueblo de Nicaragua así como con el presidente y la vicepresidenta del país, el matrimonio compuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
"Nicaragua no está sola y exige a la Unión Europea a levantar dichas medidas injerencistas, que causan graves daños al bienestar del pueblo nicaragüense. (...) continuaremos defendiendo la autodeterminación, la paz y la integración latinoamericana y caribeña, convencidos de que ningún poder imperial podrá doblegar el espiritu que nos une en la lucha por la verdadera independencia", ha agregado el grupo compuesto por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.
Estas declaraciones llegan después de que los Veintiesiete hayan acordado a principios de esta semana prorrogar doce meses más las sanciones contra los dirigentes nicaragüenses por el deterioro democrático y los abusos sistemáticos de derechos desde las protestas opositoras de 2018, unas medidas que afectan a tres entidades y 21 personas, entre ellas Murillo y el círculo más próximo a la pareja incluyendo sus hijos, familiares y asesores.
La lista negra también se extiende a mandos policiales acusados de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas.
Estas personas tiene vetado viajar a la UE y están sujetos a la congelación de sus activos en el bloque, estando prohibido que empresas o personas pongan fondos a su disposición en la Unión.
Aparte de la persecución de disidentes y el intento de silenciar a los medios de comunicación independientes, el régimen de Ortega ha despojado de la nacionalidad nicaragüense a cientos de opositores y críticos que envió a Estados Unidos.
En febrero de este año, el Parlamento Europeo pidió en una resolución que los países de la UE promuevan investigaciones a través del Tribunal Penal Internacional (TPI) y que se pueda juzgar ante una corte internacional a altos cargos del Gobierno de Nicaragua por supuestos crímenes contra la humanidad.