Archivo - Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre este viernes, 19 de diciembre - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo
LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial juzga este miércoles, 25 de marzo, a siete personas que tejieron una trama como "grupo criminal" por la que traían compatriotas de Nicaragua, prometiéndoles un trabajo para cuidar personas mayores, y luego las mantenían ilegales para pagar la deuda.
El Ministerio Fiscal imputa a cuatro de ellos un delito continuado de inmigración ilegal, otro de coacciones y de pertenencia a grupo criminal; además, a dos le suma el de blanqueo de capitales. A una de ellos sólo el de coaaciones.
Siguiendo el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la trama comenzó con dos hermanas, naturales de Nicaragua, una residente en Alfaro y otra en Huesca, ambas en situación regular.
Enseguida se dieron cuenta de la gran demanda laboral que existía en España en el sector del cuidado de personas mayores. Al mismo tiempo, en su localidad natal muchas personas les pedían información y mediación para poder venir a España, encontrar trabajo y mejorar sus precarias condiciones de vida.
De esta forma, las hermanas fueron ideando, y desarrollando, un sistema con el que ganar dinero a costa de las compatriotas que deseaban venir a España.
Para ello, encomendaron a sus familiares en Nicaragua, fundamentalmente a su madre, que hicieran de enlace con las mujeres que pudieran estar interesadas, prometiéndoles una completa gestión del viaje y un futuro laboral.
La oferta era atractiva porque incluía la tramitación del viaje, los vuelos, los desplazamientos desde el aeropuerto, y la garantía de poder atravesar sin problemas como turistas la frontera española.
Les prestaban, si era necesario, una cantidad en metálico (alrededor de mil euros) para simular solvencia y credibilidad a la finalidad turística que alegarían, realizando incluso reservas hoteleras que luego no se utilizaban.
Una vez en España las mujeres estarían alojadas en viviendas de Alfaro y Huesca, según conviniera, y, tras estudiar la demanda, se les buscaría un trabajo como empleadas del hogar en un domicilio.
Les explicaban que este paquete de servicios tendría, lógicamente, un precio; y, aunque no se concretaba, las mujeres aceptaban la propuesta, aliviadas por la delegación de los trámites y requisitos administrativos.
También, acuciadas por la necesidad personal y familiar para conseguir un mejor futuro, todas en un contexto de vulnerabilidad personal, familiar y económica.
LIQUIDACIÓN ABUSIVA DE UNA SUPUESTA DEUDA
Las acusadas, señala el Ministerio Fiscal, conocían perfectamente que las compatriotas iban a estar en un situación de ilegalidad que las colocaba al albur de lo que éstas les plantearan.
Al llegar a España, las acusadas les retiraban "abruptamente" el dinero en metálico prestado para fingir solvencia, les llevaban a sus casas y les liquidaban "abusivamente" una deuda entre 5.000 y 6.000 euros por gastos de gestión, vuelo, estancia e intermediación.
Las víctimas, "confundidas, vulnerables e indefensas", aceptaban sin rechistar, pensando que por fin estaban en España, que nadie les había puesto impedimentos en la frontera, y que pronto podrían estar trabajando.
Para alcanzar esa cuantía de deuda, las acusadas cargaban un sobreprecio en los billetes de avión, exageradas cantidades por el alojamiento y la manutención, o por cualquier cosa que pudieran necesitar como, por ejemplo, sesenta euros por unos analgésicos.
En el cobro de esta deuda, directamente o a través del resto de acusados, desplegaban una estrategia de continua exigencia a las víctimas, sabiendo la posición de dificultad que atravesaban.
TRAMA FAMILIAR
Según narra el escrito de acusación, la máxima responsable era F.D.C. (a la que se imputa el delito continuado de inmigración ilegal, coacciones, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales) auxiliada por su marido, S.A.C, al que se le imputan los mismos delitos.
El Ministerio Fiscal le pide a ella seis años de cárcel y 40.000 euros de multa; y a su marido tres meses menos (o sea cinco años y nueve meses) y la misma multa.
Además, contaba con la colaboración de su sobrina, T.D.C, y su hijo, O.D.S. acusados de un delito continuado de inmigración ilegal, coacciones y pertenencia a banda criminal, a los que el Ministerio Fiscal pide cuatro años y medio de cárcel.
La hermana residente en Huesca, Z.M.T, a la que se le imputan los mismos delitos que a su hermana salvo el blanqueo de capitales, y le piden cuatro años y medio, le ayudaba el marido, F.J.G, imputado por los mismos delitos y que se enfrenta a la misma pena.
Una tercera hermana, L.M.T, acusada de un delito de coacciones, y a la que el Ministerio Fiscal pide seis meses de cárcel, colaboró en la exigencia del cobro de la deuda.
Esta actividad de "intermediación abusiva" con sus compatriotas en la entrada ilegal en España se produjo "con habitualidad" por lo menos desde 2016/2017, generando unos beneficios económicos "extraordinarios, opacos fiscal y bancariamente, que no son explicables con la actividad lícita desarrollada al margen de esta trama".
La acusada Z.M.T., 30 de julio de 2019 fue detenida 'in fraganti' en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid cuando regresaba a España desde Nicaragua junto a tres mujeres que había trasladado personalmente desde su país de origen.
En los registros de los domicilios se encontró documentación de esta actividad, como un cuaderno que se encontraba escondido oculto detrás de la cómoda de la habitación ocupada por F.D.C. en Alfaro.
Contenía la leyenda 'cuadernos de apuntes de los años 2009-2010-2011-2012-2013-2017' y, en una de las anotaciones, "puede verse la cantidad desproporcionaba que se exigía a las víctimas".
Este esquema de actividad delictiva (introducción ilegal en España + generación y cobro insistente de deuda abusiva) ha sido realizado con "muchas mujeres", y se ha podido, en esta investigación, concretar la colaboración con la policía de 26.