(i-d) La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha registrado varias alegaciones al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud al considerar que no garantiza un blindaje suficiente frente a la privatización ni define con claridad cómo revertir los modelos privatizadores ya implantados.
La FADSP valora positivamente el anteproyecto, que su juicio supone un cambio de orientación relevante "tras décadas de políticas privatizadoras", al derogar la Ley 15/1997, priorizar la gestión directa, declarar excepcional la gestión indirecta y reforzar la transparencia y la evaluación de resultados.
Sin embargo, considera que todavía no es suficiente, por lo que plantea una serie de propuestas de mejora orientadas a "aprovechar plenamente el potencial de esta ley". Entre ellas, reclama acotar mucho más los supuestos en los que se puede recurrir a la gestión indirecta, reforzando su carácter realmente excepcional, fijando límites cuantitativos (porcentaje máximo de actividad externalizada, techos de gasto en conciertos) y evitando que los contratos de menor cuantía queden fuera de la evaluación previa.
Además, la Federación pide establecer la obligación de que las comunidades autónomas aprueben planes de refuerzo de recursos propios y de reducción progresiva de conciertos y externalizaciones, con objetivos cuantificados y seguimiento en el Consejo Interterritorial del SNS.
Asimismo, aboga por utilizar el informe estatal sobre experiencias de gestión desde 1997 para diseñar, con participación social, una hoja de ruta de reversión de los modelos privatizadores y de recuperación de la gestión pública directa en el conjunto del SNS. Así como, reforzar el carácter público y homogéneo de las condiciones laborales en consorcios y entidades públicas de gestión, garantizando la subrogación y la equiparación de derechos del personal en los procesos de reversión, y evitando nuevas bolsas de precariedad.
La organización también plantea abordar de forma explícita el papel de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), incorporando el compromiso de avanzar hacia su integración progresiva en la sanidad pública para eliminar circuitos asistenciales paralelos financiados con fondos públicos y reforzar un único sistema público, universal y solidario.
Por último, pide garantizar la participación de organizaciones defensoras de la sanidad pública y de la ciudadanía en el grupo de trabajo que analizará las experiencias de gestión, en los comités de evaluación de la gestión indirecta y en la definición de los indicadores de evaluación del sistema.
La FADSP recalca que este anteproyecto "abre una ventana de oportunidad" para avanzar hacia un "verdadero blindaje" de la sanidad pública, por lo que se pone a disposición del Ministerio y de las fuerzas políticas para contribuir a mejorar el texto y asegurar que el Sistema Nacional de Salud sea "plenamente público, universal, equitativo y de calidad, al servicio del interés general".