Archivo - Imagen de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el CISNS de este miércoles. - B THEVENIN - Archivo
MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las diferentes polémicas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas del PP, surgidas por los fallos en los cribados de cáncer en Andalucía o la falta de un registro de objetores de aborto, entre otras, han marcado la agenda nacional en salud a lo largo de 2025 junto con las numerosas protestas de sanitarios por la reforma del Estatuto Marco.
La compleja relación existente entre Sanidad y las comunidades autónomas se ha visto reflejada en los numerosos encuentros celebrados del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), llegando al punto en el que los consejeros 'populares' acabaron abandonando la mesa de negociación del encuentro celebrado a finales de octubre en Zaragoza.
A esta situación se llegó después de que las autonomías del PP acusasen de "intromisión" de competencias a la ministra de Sanidad, Mónica García, así como de usar de forma partidista el CISNS, una polémica surgida después de que el Gobierno pidiese las comunidades los datos de los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, por la crisis de los retrasos de las mamografías en Andalucía.
Si bien García acusó inicialmente a las comunidades 'populares' de no querer entregar estos datos e incluso amenazó con iniciar acciones legales, en la actualidad ya solo queda la Comunidad de Madrid por entregarlos, y desde su Consejería de Sanidad ya se ha informado de que la entrega de datos va "en tiempo y forma" con el trabajo de la Comisión de Salud Pública.
La cuestión de los cribados no ha sido la única por la que han chocado Sanidad y la Comunidad de Madrid, y es que esta última se ha negado a implantar un registro de objetores de conciencia de aborto, al considerar que se trata de una medida que atenta contra la libertad de objeción, si bien Sanidad ha aclarado que se trata de un listado anónimo que busca abordar la inexistencia de servicios públicos de aborto en algunos territorios.
AMENAZAS DE ACCIONES JUDICIALES
Así, Sanidad envió un requerimiento formal a Madrid, Aragón y Baleares para cumplir con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2023, y amenazó a la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso con abrir un proceso judicial frente a una "rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la Comunidad de Madrid".
A principios de diciembre, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, aseguró no haber recibido ninguna de las denuncias anunciadas por Sanidad por no presentar su registro de objetores de conciencia al aborto, ni tampoco la correspondiente a la Alta Inspección Médica sobre el Hospital de Torrejón, la más reciente de las polémicas surgidas a lo largo del año.
Este último caso salió a la luz tras la filtración de unos audios del entonces CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables en el mencionado hospital, de carácter público pero gestionado por esta compañía, que ha defendido su actuación con los pacientes y ha explicado que se trata de un audio descontextualizado.
HUELGAS SANITARIAS Y ESTATUTO MARCO
La reforma del actual Estatuto Marco de los trabajadores sanitarios ha sido una de las cuestiones que más ha marcado la agenda en salud durante todo el año, y es que Sanidad ha tenido que enfrentarse por un lado a los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) y, por otro, a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).
Con el primer grupo, que ha convocado diferentes movilizaciones y huelgas durante estos meses, ya se ha alcanzado un preacuerdo que elimina las guardias de 24 horas, se reduce la jornada semanal a las 35 horas, se establecen OPEs obligatorias cada dos años, y se incluyen avances en la jubilación parcial y anticipada cuando se cumplan los requisitos legales.
Sin embargo, CESM y SMA han rechazado el texto al considerar necesario la creación de un Estatuto propio para los médicos, algo a lo que Sanidad se niega por "romper" la cohesión del SNS, y motivo por el que también han convocado diferentes huelgas y protestas, pero diferenciadas del resto de sindicatos del Ámbito.
Por su parte, el PP ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la retirada de la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad, lo que ahonda en las diferencias existentes entre ambas partes.
Los choques entre 'populares' y Sanidad también se produjeron tras la aprobación en el Consejo de Ministros de 172 millones de euros para reforzar la Atención Primaria, 39 millones para salud mental y otros 18 millones para prevención del suicidio.
El PP consideró que se trataba de una cifra insuficiente, e instó al Ministerio a abordar la falta de profesionales en Atención Primaria y, enlazando con los pocos avances en las negociaciones del Estatuto Marco que había entonces, acusó al departamento dirigido por Mónica García de no querer mejorar las condiciones de los médicos generales y de familia.
APROBACIONES LOGRADAS
A pesar de todo, Sanidad ha logrado ponerse de acuerdo con casi todas las formaciones parlamentarias para aprobar la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo que tiene como objetivo mejorar las capacidades para la preparación y la respuesta frente a riesgos y amenazas graves para la salud, aunque tras un primer rechazo en protesta por el veto del Gobierno a una serie de enmiendas referidas a otra norma.
Del mismo modo, se ha dado el visto bueno el Plan de Salud Mental 2025-2027, al Modelo de Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente de Cáncer Infantil, a la inclusión de nuevos cribados neonatales en la cartera de servicios del SNS, a la distribución de nuevos fondos para la lucha contra el cáncer o la aprobación del Plan VEO para financiar gafas y lentillas a menores de 16 años.
Por último, se ha dotado de 500 millones de euros la ley ELA para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y atender a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades complejas, después de un año de su aprobación en el Congreso y sin llegar a recibir una financiación.