MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Hungría ha rechazado este viernes una demanda presentada por cuatro organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional, y ha ratificado la prohibición emitida por la Policía del desfile del Orgullo de Budapest, previsto para el próximo 28 de junio.
La máxima corte húngara ha determinado en su decisión que el desfile del Orgullo, programado en un primer momento para el 1 de junio, tiene como objetivo "defender los derechos de la comunidad LGTBI", algo que violaría la enmienda aprobada el pasado mes de abril por el Gobierno de Viktor Orbán sobre la protección de la infancia.
"La corte no accede a la petición de los demandantes de remitir el asunto al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque el plazo de revisión de tres días especificado por la ley de reuniones no lo permite", ha indicado en un comunicado.
La decisión ratifica así la prohibición emitida por la Policía en la víspera después de que el alcalde de Budapest, Gergely Karacsony, intentara eludir la legislación aprobada por el Gobierno, que prohíbe cualquier tipo de exhibición pública que pueda ir en contra de los valores y comportamientos que, según el oficialismo, deben exponerse ante los menores de edad.
Amnistía Internacional y otras tres organizaciones de Derechos Humanos han señalado en un comunicado conjunto que esta decisión pone de manifiesto que no se puede "ejercer libremente el derecho a la reunión pacífica ni realizar una marcha en apoyo de la igualdad de las minorías sexuales y de género en Hungría".
El alcalde de Budapest, que había asegurado que el evento se llevaría a cabo pese a la citada legislación, había defendido que la prohibición de la Policía no era válida, ya que la marcha es un evento municipal organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Misión Arcoíris.
Naciones Unidas expresó su preocupación a finales de marzo por las legislaciones promovidas por el partido Fidesz, al que pertenece Orbán, aludiendo a que estas nuevas medidas pueden implicar "restricciones arbitrarias y discriminatorias" en derechos básicos como la libertad de expresión y la reunión pacífica.