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MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Justicia francesa ha declarado culpable a la cementera Lafarge de realizar pagos a organizaciones terroristas como el Estado Islámico con el objetivo de que su planta de cemento en Siria continuara operando durante la guerra civil en el país, por lo que ha impuesto una multa de 5,7 millones de euros y condenado a seis años de prisión a su antiguo consejero delegado Bruno Lafont.
Un tribunal de París ha considerado probado que Lafarge realizó pagos por valor total de 5,6 millones de euros durante varios meses que resultaron en beneficio de organizaciones terroristas como Estado Islámico o Frente al Nusra, entonces filial de Al Qaeda, según la sentencia.
Además de Lafont, el exvicepresidente de operaciones de Lafarge, Christian Herrault, ha sido condenado a un pena de cinco años y los dos responsables de la empresa en Siria también han sido condenados a prisión.
La jueza Isabelle Prévost-Desprez ha dictaminado que los pagos "contribuyeron a reforzar la existencia de organizaciones terroristas" y "les proporcionaron los medios materiales para seguir sembrando el terror", según recoge la citada agencia.
La fábrica de Lafarge en Yalabiya, situada en el norte de Siria, comenzó su actividad apenas seis meses antes del inicio de las protestas contra el Gobierno de Bashar al Assad que acabaron resultando en la guerra civil siria.
Ante el clima bélico, los pagos por seguridad fueron destinados al Ejército Libre Sirio, rebeldes contra el régimen de Al Assad. Sin embargo, con la evolución del conflicto y el ascenso territorial de Estado Islámico, Lafarge comenzó a realizar pagos al grupo en noviembre de 2013, según ha sentenciado el tribunal francés.
La cementera decidió permanecer en el país, mientras que otras compañías occidentales ya habían abandonado Siria en 2012. Asimismo, la magistrada ha concluido que los condenados eran conscientes del carácter terrorista de Estado Islámico.
Tampoco ha considerado probado, tal y como afirmaban los acusados, que estos pagos fueran una extorsión realizada bajo coacción para garantizar la seguridad de los empleados locales.
Lafarge ya aceptó en octubre de 2022 pagar 777,78 millones de dólares (unos 900 millones de euros) y declararse culpable de un cargo de conspiración para financiar a organizaciones terroristas en Siria, para dar así carpetazo a la investigación abierta en su contra en Estados Unidos.