Critica las medidas impuestas por las autoridades galas contra las manifestaciones antes y después de la llegada del coronavirus
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha denunciado que miles de personas que se han manifestado de manera pacífica en Francia han sido "injustamente sancionadas" por las autoridades galas en virtud de "leyes draconianas" antes y después de la imposición de las medidas contra la pandemia del nuevo coronavirus.
En su informe 'Arrestados por protestar: Convirtiendo la legislación en un arma contra los manifestantes pacíficos en Francia', la ONG denuncia que miles de personas que se han manifestado pacíficamente se han visto afectadas por las "draconianas" medidas contra las protestas impuestas por las autoridades, a las que ha acusado de hacer "un uso indebido de la ley para detener arbitrariamente y enjuiciar a personas que no han cometido ningún acto violento".
El informe de la ONG señala que la prohibición general de protestas decretada por el Gobierno de Francia tras el confinamiento por la pandemia fue "desproporcionada" y alerta de que desembocó en la imposición injustificada de cientos de multas.
Además, expone que desde que surgieron varios movimientos de protesta a finales de 2018, mucho antes de la pandemia, se vienen aplicando unas leyes poco precisas contra personas encargadas de prestar primeros auxilios, periodistas y quienes observan la situación de los Derechos Humanos, entre otras.
"Las desproporcionadas restricciones de las protestas en la Francia de después del confinamiento son una continuación de una preocupante constante en la que la Policía y el sistema de justicia atacan a manifestantes pacíficos. Detener a personas por soltar globos o llevar pancartas tiene un profundo efecto disuasorio en protestas legítimas", ha advertido Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional para Europa.
"Miles de personas han sido arbitrariamente multadas, detenidas, recluidas y enjuiciadas por actividades pacíficas que no deberían considerarse delito. En aplicación de los draconianos poderes en vigor a causa de la COVID-19 se han prohibido protestas y se ha multado a cientos de manifestantes", ha asegurado.
AI ha recordado que en los últimos años Francia ha registrado un "aumento considerable" de los movimientos de protesta a nivel nacional, citando el ejemplo de los Chalecos Amarillos pero también el de las protestas por la emergencia climática, las que piden justicia social y las convocadas contra la impunidad policial y el racismo celebradas tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.
MÁS DE 11.000 DETENIDOS EN PROTESTAS DE LOS CHALECOS AMARILLOS
En este contexto, ha recordado que entre noviembre de 2018 y julio de 2019 en Francia se ordenó la prisión preventiva de 11.203 manifestantes que participaron en las protestas de los Chalecos Amarillos y ha denunciado que fueron arrestados y procesados por actividades que "no deberían constituir delito".
"En 2018 y 2019, más de 40.000 personas, manifestantes incluidos, fueron declaradas culpables en aplicación de unas leyes poco precisas que criminalizan, entre otras actividades, el 'desacato a funcionarios públicos', la 'participación en un grupo con el fin de cometer actos violentos' y la 'organización de una protesta sin cumplir los requisitos sobre notificación'", ha relatado Amnistía Internacional.
Tras recordar que en 2019 20.280 personas fueron declaradas culpables de desacato a funcionarios públicos, la ONG ha señalado que este delito está definido "de forma ambigua" y abarca todo lo que se considere que "afecta a la dignidad personal o al respeto debido a un funcionario público", siendo castigado con hasta un año de cárcel y una multa máxima de 15.000 euros.
En este sentido, ha indicado que en mayo de 2019 cuatro personas fueron amonestadas por desacato por "el mero hecho de desplegar una pancarta" que decía 'Sí al lirio del valle, no a las balas de goma' y ha recordado el caso de un hombre que dijo palabras "malsonantes" ante un policía que estaba a punto de golpear a una mujer en una manifestación y que acabó siendo agredido por el agente, "sometido a 24 horas de detención preventiva y condenado por desacato a una multa de 900 euros".
CIENTOS DE ARRESTADOS POR LLEVAR LA CARA TAPADA
Amnistía ha contado que cada vez hay más personas en Francia que van con máscaras, cascos y gafas de protección a las manifestaciones por el "fuerte aumento del uso de gases lacrimógenos" y ha recordado que las autoridades galas prohíben desde abril de 2019 que los manifestantes lleven la cara tapada, lo que se ha traducido en 210 personas detenidas entre abril y octubre de 2019 por esa restricción, además de 41 manifestantes declarados culpables por ese delito.
"Hay que revisar con urgencia la ley que prohíbe llevar prendas que cubran la cara en reuniones públicas, dado que éstas son actualmente una medida necesaria contra la COVID-19", ha subrayado.
En este contexto, ha denunciado que cientos de personas, incluidos manifestantes, han sido condenados por participación en un grupo "con el fin de preparar actos de violencia", un delito que la ONG ve "tan general" que cree que "permite a las autoridades detener y juzgar a personas no por lo que han hecho sino por lo que las autoridades creen que podrían hacer en el futuro". "También se ha detenido y juzgado a manifestantes sólo por llevar gafas de protección o máscaras para protegerse del gas lacrimógeno y las balas de goma", ha advertido.
La organización defensora de los Derechos Humanos ha recalcado que las detenciones y juicios contra manifestantes han tenido "un efecto inhibidor en el derecho a la libertad de reunión pacífica en Francia". "Muchas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que ahora se lo pensaban dos veces antes de protestar, participaban menos asiduamente en protestas o evitaban las reuniones públicas grandes", ha indicado.
"Resulta irónico que un país con una tradición tan larga y orgullosa de acción colectiva por el cambio social esté criminalizando de este modo las protestas. Tres años después de que Emmanuel Macron hiciera la promesa electoral de proteger el derecho de reunión pacífica, las protestas pacíficas sufren un ataque sin precedentes", ha afirmado Perolini.
A su juicio, "usar la ley para atacar a quienes protestan es menos visible que el uso de fuerza excesiva pero no es menos perjudicial para el derecho a protestar". "Las autoridades francesas deben dejar de criminalizar a las personas y deben modificar todas las leyes que entorpecen el disfrute del derecho de reunión pacífica", ha concluido.