Archivo - Fachada del ministerio de Igualdad, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Agentes de la UCO se personan en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas a solicitar documentación
BRUSELAS/MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.
Así lo ha informado la Fiscalía Europea en un comunicado publicado desde Luxemburgo, en el que ha precisado que las actuaciones están siendo dirigidas por su oficina en Madrid y que cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
"Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género", ha explicado.
La investigación, iniciada el pasado año, se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos electrónicos, utilizados para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento y otras medidas de protección de las víctimas de violencia de género.
Por el momento, el órgano comunitario no ha facilitado información sobre personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias practicadas en ambas instituciones.
Fuentes de Igualdad han confirmado que agentes de la Guardia Civil han ido a su sede por una "petición de documentación, no un registro". En rueda de prensa, la ministra, Ana Redondo, ha mostrado "transparencia absoluta" y "absoluta colaboración", y ha afirmado que le "consta" que el dinero se ha empleado "correctamente".
El Tribunal de Cuentas ha comunicado también que la UCO ha acudido a sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea "en relación con una solicitud de información". Al mismo tiempo, ha recordado que el pasado septiembre emitió un informe de fiscalización sobre la contratación, ejecución y control del servicio de dispositivos telemáticos de seguimiento en el ámbito del Ministerio de Igualdad.
BRUSELAS YA EXAMINABA LOS FALLOS EN LAS PULSERAS ANTIMALTRATO
El caso de las pulseras antimaltrato ya llamó la atención de la Comisión Europea en noviembre de 2025, cuando advirtió de que examinaría los fallos detectados en estos dispositivos, dado que su correcto funcionamiento está vinculado al cumplimiento de uno de los objetivos del plan de recuperación español y, por tanto, al desembolso de parte de los fondos europeos.
En concreto, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó entonces que la adquisición de estos dispositivos figura como el hito 472 del plan de recuperación español y que su cumplimiento sería evaluado por Bruselas cuando España presentase su octava solicitud de pago.
Más recientemente, el pasado mes de marzo, la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo decidió mantener abiertas dos peticiones ciudadanas sobre los fallos de las pulseras antimaltrato, presentadas por la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID), a la espera de que el Ejecutivo comunitario aclarase si se había producido un uso indebido de fondos europeos.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DETECTÓ "GRAVES DEFICIENCIAS"
El propio Tribunal de Cuentas detectó "graves deficiencias" en la contratación y en el seguimiento del sistema telemático, después de que la Fiscalía General del Estado alertara en su memoria de 2024 de "múltiples fallos" en los dispositivos electrónicos.
Por ello, decidió fiscalizar los contratos celebrados sucesivamente por Igualdad para la prestación del servicio en los ejercicios 2018, 2021 y 2023, vigente hasta mayo de 2026.
El órgano fiscalizador reveló en su informe que los contratos alcanzaron un importe total de 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Asimismo, se analizó un contrato menor relacionado con el objeto de la fiscalización por importe de 12.706,21 euros.
Según señaló, en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un Plan de Transición para garantizar la continuidad de la prestación del servicio sin interrupciones, "imprescindible", además, en caso de que se produzca un cambio de adjudicatario. El contrato de 2023 tampoco lo preveía inicialmente por lo que hubo de procederse a la "oportuna" modificación contractual aprobada en julio de 2023.
Por esta razón, el órgano fiscalizador consideró que en este tipo de contratos "debe primar sobre todo la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes". Además, señaló que "resulta imprescindible" asegurar en las fases de preparación del contrato la utilización "de la mejor tecnología disponible que minimice hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas".
"Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía), retrasos en las reparaciones", indicó.
El Tribunal de Cuentas recordó que el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas por la autoridad judicial en los casos de violencia de género y violencia sexual es un sistema que permite verificar de manera constante que dichas medidas de alejamiento se cumplen, ya sea como medida cautelar, pena, condición para la suspensión de penas privativas de libertad o dentro de la libertad vigilada, según lo determine la autoridad judicial competente.