Publicado 12/11/2025 12:01

El fiscal general no contesta a las acusaciones y tacha de "desleal" a la del novio de Ayuso

Le acusa de plasmar en la querella un relato tergiversado que señala solo a Fiscalía

El fiscal general del Estado, Álvaro Ruiz Ortiz, sentado en el banquillo del Tribunal Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro Ruiz Ortiz, sentado en el banquillo del Tribunal Supremo - TRIBUNAL SUPREMO

MADRID 12 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha avanzado este miércoles que no contestará a las acusaciones presentes en el juicio en su contra por una presunta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, al que además ha acusado de ejercer una acusación "desleal".

García Ortiz, que hasta ahora ha seguido el juicio sentado en estrados junto a su defensa y Fiscalía, y con toga, se la ha quitado para declarar donde lo han hecho todos los testigos y peritos, en una silla frente a una pequeña mesa con un micrófono situada justo enfrente de los siete magistrados que componen el tribunal.

Desde esa posición, con traje y corbata negros, ha anticipado que solo contestará a las preguntas de su defensa --que ejercen dos abogados del Estado-- y de los dos fiscales, así como a las que quiera hacer el tribunal pero no a las de las acusaciones.

Se ha detenido, en concreto, para explicar por qué no contestará tampoco a la acusación particular que ejerce González Amador, pese a su "respeto" en términos generales a todos "los perjudicados" porque "quien tiene la condición o se siente perjudicado en una causa debe tener el amparo de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal".

Sin embargo, ha expuesto que en este caso concreto no responderá a sus preguntas por su "posición jurídico-procesal". "Me ha llevado a pensar que hay una actuación --entiendo-- desleal, no con el acusado, por supuesto, sino con el tribunal", ha afirmado.

Y ello, ha detallado, porque inició la causa con una querella que, "ha de contener los datos necesarios para trasladar al tribunal los antecedentes de hecho ciertos y necesarios para descubrir la verdad" pero "no se ha cumplido esta premisa" porque, con su "relato", ha "reconducido" el proceso contra él.

En este sentido, ha puntualizado que en la querella no recogió que el correo clave de la presunta filtración --de 2 de febrero de 2024-- se envió por parte de su defensa no solo a la Fiscalía de Delitos Económicos, a una cuenta genérica, sino a un abogado del Estado. De haberlo incluido, ha valorado, "quizá" no se habrían dirigido las pesquisas solo contra la Fiscalía y, específicamente, contra él.

"QUIEN PRIMERO REVELA EL EMAIL EN FORMA Y CONTENIDO DE UN FISCAL ES EL PROPIO PERJUDICADO"

A ello ha sumado que la querella también omitió que "quien primero revela el email en forma y contenido de un fiscal" --otro correo de 12 de marzo de 2024 donde el fiscal se abría a pactar-- "es el propio perjudicado", al entergárselo al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez para que hiciera "un uso político" del mismo.

Asimismo, le ha acusado de omitir que habló con el periodista de 'El Mundo' que el 21:29 horas del 13 de marzo publicó la pieza que desencadenó los hechos por los que se le juzga, donde se incluía --ha subrayado-- ese otro 'email' de 12 de marzo.

"Estas tres actuaciones, omitidas en el relato de hechos de la querella, y solo descubiertas en la instrucción del procedimiento, parecen alejadas de la buena fe procesal y del respeto que todos le debemos al proceso", ha sostenido.

Al margen, ha puesto de relieve que González Amador ha renunciado a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado --para el caso de que García Ortiz no haga frente a eventuales multas e indemnizaciones--, denunciando que con ello ha buscado que las posibles responsabilidades económicas recaigan "exclusivamente" en él, "a modo de pena anticipada".

Por su parte, el abogado del Estado José Ignacio Ocio ha precisado que, aunque contestará a distintas cuestiones, ello no implica que de esta forma valide lo que la defensa considera una diligencia "nula de pleno derecho", en alusión a los registros realizados el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y en el de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y sus resultados.

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