Archivo - October 30, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer during a television interview outside the White House in Washington, DC, USA, on Thursday, October 30, 2025. President Trump said t - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN
MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Estados han iniciado este jueves una investigación sobre la economía de sesenta países, entre ellos la Unión Europea y China, en aras de determinar si esos gobiernos extranjeros han adoptado "medidas suficientes" para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
"Pese al consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han impuesto ni aplicado eficazmente medidas que prohíban la entrada en sus mercados de productos fabricados con trabajo forzoso", ha precisado el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, a través de un comunicado de su oficina, que ha impulsado estas pesquisas en virtud de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974.
Convencido de que "durante demasiado tiempo" trabajadores y empresas estadounidenses se han visto "obligados a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja artificial en los costes" por cuenta de, ha lamentado, el "flagelo del trabajo forzoso", el representante comercial ha confiado en que dichas investigaciones demuestren "cómo el hecho de no erradicar estas prácticas abominables" les afecta.
De ese modo, con las referidas indagaciones se pretende determinar si los "actos, políticas y prácticas" de cada una de las economías supuestamente "relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva" de la prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso son "irrazonables o discriminatorias" y suponen una "carga o restricción" para el comercio estadounidense.
Concretamente, las economías objeto de investigación son Argentina, la Unión Europea, China, Brasil, India, Japón, Israel, Canadá, Australia, Rusia, Corea del Sur, Egipto, Reino Unido, México, Hong Kong, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana y Honduras.
A ellos se suman Argelia, Angola, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Camboya, Chile, Indonesia, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Qatar, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 pone el foco en las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense, pudiendo utilizarse la misma para responder a prácticas "injustificadas, poco razonables o discriminatorias" por parte de administraciones extranjeras, que representen una "carga o restricción" para Estados Unidos.
Tras el inicio de esta investigación, iniciada por el propio Greer, deberán solicitarse consultas con las economías objeto de las referidas indagaciones, algo que la oficina ya ha manifestado haber hecho. De hecho, las audiencias serán celebradas el próximo 28 de abril del año en curso, teniendo que presentar los interesados sus comentarios escritos y peticiones para comparecer en la audiencia, junto a un resumen del testimonio, antes del día 15 de ese mismo mes.
Cabe recordar que en la víspera el Gobierno de Estados Unidos anunció haber iniciado investigaciones, al amparo de la misma sección, sobre las "acciones, políticas y prácticas" de China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India, lo que podría permitir a la Administración Trump imponer gravámenes a las importaciones de estas economías, después de que el Tribunal Supremo declarase ilegales los "aranceles recíprocos" de abril de 2025.