MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado este sábado una ley mediante la que se prohíbe el uso de máscaras por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante sus intervenciones en el estado, en el marco de un paquete más amplio de medidas impulsado para responder al aumento de "excesivas" acciones federales y de enfrentar las estrategias de estilo 'policía secreta' promovidas por el presidente Donald Trump y su asesor Stephen Miller.
"La agenda de inmigración de Donald Trump y Stephen Miller se basa en cuotas arbitrarias y pocos guardarraíles para la equidad o el debido proceso", dijo su oficina. "En California, sus tácticas han aterrorizado a las comunidades, traumatizado a los estudiantes, interrumpido los negocios y puesto en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses", ha argumentado Newsom para justificar la nueva medida.
La norma contempla además la obligatoriedad de que los agentes federales --incluidos los de inmigración-- se identifiquen de forma clara, limitando considerablemente el uso de máscaras, y restringe también el acceso de estos agentes a escuelas y a áreas no públicas dentro de hospitales. Todo ello, para que "las escuelas y los hospitales sigan siendo lo que deben ser: lugares de atención, no de caos", ha apostillado el gobernador.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de este 2025, su Administración ha revertido algunas normativas previas que hasta ahora mantenían estos espacios al margen de intervenciones migratorias, y esta promulgación no es si no "una respuesta directa" a las "redadas y arrestos ilegales de inmigrantes en California" bajo órdenes del presidente.
Newsom, figura destacada del Partido Demócrata y potencial candidato presidencial en 2028, ha defendido que las nuevas regulaciones han sido necesarias para asegurar que los hospitales y escuelas sigan siendo espacios de cuidado y no escenarios de tensión y miedo.
"La seguridad pública depende de la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, un vínculo que ha sido destrozado por las imprudentes cuotas de inmigración ordenadas por Trump y Miller. Nos negamos a ser intimidados por estas tácticas de 'policía secreta' y nos seguiremos defendiendo", ha espetado el gobernador en una recriminado en su cuenta en la red social X.
"La mayoría de las fuerzas del orden deben mostrar públicamente su agencia, nombre o número de placa", ha sentenciado.
Por su parte, el ICE ha intensificado recientemente las operaciones contra personas inmigrantes en situación irregular en ciudades como Los Ángeles y Washington. Esta agencia, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional, ha sido conocida por llevar a cabo redadas con agentes cubiertos con máscaras, lo que ha provocado duras críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
En redes sociales han circulado vídeos que muestran a agentes federales, frecuentemente encapuchados, desplazándose en vehículos sin distintivos por zonas residenciales. Los críticos han denunciado que estas actuaciones se asemejan a "secuestros" cometidos a plena luz del día.
Esta nueva ley llega después de que un momento de máxima tensión entre las autoridades federales y estatales, y después de que un tribunal federal de California declarase --a comienzos de septiembre-- la ilegalidad de la orden del Gobierno de Trump para desplegar a efectivos de la Guardia Nacional y los Marines en la ciudad de Los Ángeles a fin contener las protestas que se habían desatado como respuesta a las redadas migratorias.
El juez responsable de la causa, Charles Breyer, concluyó entonces que la Administración central violó una ley del siglo XIX que prohíbe el despliegue de fuerzas militares en suelo estadounidense para cuestiones internas de seguridad, por lo que no podía recurrir a ninguno de los efectivos que puedan seguir aún en California, según informó CBS News.
El juez respondió así a una denuncia presentada en junio por Gavin Newsom, que había acusado a Trump de excederse en sus competencias por razones de índole política, en un pulso entre la administración federal y la local que se ha trasladado en meses posteriores a otros escenarios como Washington DC.