MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha tildado este miércoles de "absurda" la acusación en su contra por supuesta corrupción en la contratación de consultorías con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), un extremo por el que el Parlamento tendrá que decidir, a petición del Tribunal Supremo, si le retira la inmunidad.
"Era cuestión de tiempo para que la Corte Plena, vestida con la toga de la institucionalidad, hiciera política de la más barata enviándole la brasa caliente de la acusación absurda que se montó Carlo Díaz a la Asamblea Legislativa para que me levanten el fuero", ha declarado haciendo alusión al fiscal general.
El mandatario costarricense ha asegurado que los 15 jueces del Supremo que aprobaron en la víspera reclamar a la Asamblea Legislativa la retirada de su inmunidad "enterraron la credibilidad aún más profundo" de la Justicia, en una rueda de prensa en la que, en cambio, ha manifestado su "admiración" por los siete magistrados restantes que votaron en contra de la medida.
"Ni la corte ni el fiscal buscan justicia. Lo que buscan es sacarse un clavo que yo estoy orgullosísimo de haber clavado, que es que este Gobierno ha expuesto las estructuras de grandes privilegios de los grupos poderosos en contubernio con la cúpula del Poder Judicial", ha señalado, tras calificar las acusaciones de "novela", con "castillo, brujas, traiciones y hasta un bufón".
El Tribunal de Corte Plena ha solicitado la retirada de la inmunidad a Chaves para que éste haga frente a una acusación en torno a un contrato por valor de más de 400.000 dólares (más de 339.500 euros) financiado por el BCIE.
La corte ha pedido además que se adopte esta misma medida contra el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, acusados de estos mismos hechos, dado que era jefe de la oficina del presidente cuando tuvo lugar el supuesto contrato sospechoso.
Según las informaciones recogidas por el diario costarricense 'La Nación', la acusación indica que el mandatario habría pedido a un empresario el pago de 32.000 dólares (cerca de 27.160 euros) a cambio de un contrato con la Presidencia, mientras que la Fiscalía sostiene que el contrato fue hecho a medida para que la citada empresa ganara el contrato con el BCIE.
Así, Chaves es sospechoso de un delito de concusión en la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios para la Presidencia durante el periodo entre 2022 y 2026 debido a las presuntas irregularidades durante el proceso de concesión de dicho contrato.