Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). Un jurado popular será el encargado de juzgar a la madre y al tí - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Baleares ha suspendido el juicio contra los seis acusados de prostituir y esclavizar a dos jóvenes extranjeras a las que engañaron para viajar desde Colombia a Mallorca a la espera de que las partes alcancen un acuerdo.
La vista oral estaba prevista que comenzara la mañana de este lunes en la Sección Segunda y las partes personadas en el procedimiento han estado tratando de alcanzar una conformidad.
No obstante, ante la imposibilidad de que concretar el acuerdo, la Sala ha decidido suspender la vista para darles más tiempo para negociar.
La idea es que el martes vuelvan a la Audiencia Provincial para cerrar el pacto o, en su detrimento, fijar una nueva fecha para la celebración del juicio, dado que uno de los abogados se encuentra enfermo y ha comunicado que no podría asistir al mismo.
El principal escollo que las partes se están encontrando para alcanzar la conformidad es el pago de los 10.000 euros de indemnización que la Fiscalía pide que la principal acusada abone a cada una de las perjudicadas.
El Ministerio Público solicita que los seis acusados sean condenados a un total de 48 años y cuatro meses de prisión y al pago --entre multas y responsabilidad civil-- de 633.500 euros como supuestos autores de delitos de recaptación, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de trata de seres humanos, de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y de blanqueo de capitales.
La considerada como cabecilla de la banda y principal beneficiaria de sus actividades ilícitas se enfrenta a buena parte de esta condena global, concretamente a 22 años y cuatro meses de prisión y al pago de una multa de 413.500 euros y una indemnización de 20.000 euros.
Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos sucedieron entre 2014 y 2019. Una de las principales actividades de la organización era captar a mujeres jóvenes que en Colombia se encontraban en situación de vulnerabilidad y engañarlas para que viajaran a Mallorca.
Una vez aterrizaban en la isla, asumían una "servidumbre por deudas" con los acusados, quienes las obligaban a prostituirse en condiciones "cercanas a la esclavitud". Tenían que estar disponibles las 24 horas de todos los días de la semana y no percibían ninguna retribución a cambio, pues todo iba a saldar su supuesta deuda.
En esa situación las obligaban a permanecer durante los al menos dos meses que pasaban hacinadas en una misma habitación de un piso de Palma y obligadas a consumir cocaína.
Esta es la realidad que, siempre de acuerdo con la Fiscalía, vivieron las dos víctimas que constan como testigos protegidos en el procedimiento judicial.
Fue a principios de 2019 cuando, bajo engaño, trataron de viajar desde Colombia hasta Mallorca fingiendo que llegaban a la isla para hacer turismo. No obstante, fueron detectadas en el paso fronterizo de Alemania y deportadas de nuevo al país latinoamericano.
La cabecilla de la trama --integrada por cinco mujeres y un hombre--, por medio de otra de las procesadas, le trasladó a las víctimas que habían adquirido una deuda de ocho millones de pesos con ella y que, si no le devolvían tal cantidad, las "mandaría a cobrar", una expresión que en el país equivale a "matar".
Así, atemorizadas por las posibles consecuencias, emprendieron un segundo viaje hasta Mallorca y fueron explotadas sexualmente por los miembros de la organización criminal.
El resto de acusados se encargaban de diferentes tareas como la captación de las mujeres, gestionar el piso en el que eran prostituidas, facilitar las sustancias estupefacientes o la vigilancia de las víctimas.
BLANQUEO DE CAPITALES CON LIBRERÍAS FICTICIAS
La líder de la banda, en paralelo a la trama de trata de seres humanos, realizaba otras actividades ilícitas para obtener un rédito económico y blanquear sus ganancias.
Por un lado, contaba con una tienda de compra de oro en la que adquiría objetos robados por otras personas y después los vendía, obteniendo por ello alrededor de 300.661 euros. En el local, los investigadores encontraron joyas de oro, relojes de la marca Rolex, gafas de sol y bolsos de diseño.
Por otro, ideó dos empresas ficticias y que no tenían actividad real, Librería Mallorca y Librería Menorca, y dio de alta datáfonos y terminales de punto de venta vinculados a sus cuentas bancarias.
De este modo, entre 2015 y 2019 blanqueó aproximadamente 516.411 euros procedentes de la explotación sexual de las dos víctimas. También pagó en metálico la reforma de inmuebles a los que incrementó su valor, amortizando así préstamos hipotecarios y permitiéndose comprar otros seis bienes en Palma.
Con esta mecánica, expone el fiscal, la acusada consiguió "limpiar" una cantidad aproximada de 191.000 euros, de los cuales 172.000 fueron después incorporados al mercado ilícito mediante la compra de los citados inmuebles. Para ello contó con la colaboración de su madre, también encausada y quien obtuvo 91.044 euros.