Un total de cuatro altos cargos del Ejecutivo colombiano renuncian a su permiso en solidaridad con Petro
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha defendido este lunes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "merece la cárcel" por su papel en el "genocidio" israelí sobre la Franja de Gaza, y ha reiterado su llamamiento a la desobediencia por parte del Ejército estadounidense, un extremo por el que Washington ha decidido retirarle el visado.
"Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel", ha declarado en un Consejo de Ministros en el que ha afirmado que "no hay ninguna ilegitimidad para ningún presidente, ni persona humana en el mundo, de decir que sí se apliquen las consecuencias del Tratado de Roma".
El mandatario colombiano ha insistido en que "su Ejército no lo debe obedecer", horas después de que las autoridades del país norteamericano hayan retirado el permiso por unas declaraciones similares en una marcha a favor de Palestina en Nueva York en las que instó a los soldados estadounidenses "a no apuntar contra la humanidad sus fusiles". Tras ello, Bogotá propuso reubicar la sede de la ONU en un lugar "neutral" y que sea la propia organización de Naciones Unidas la que se encargue de expedir las autorizaciones de ingreso.
Washington ha adoptado la misma medida para el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, según ha confirmado en su cuenta de la red social X, donde ha reaccionado a la decisión reafirmando que "Gaza bien vale una visa". En la misma línea, Petro ha afirmado que "nos llena de orgullo no tener la visa de un país, cuyo Gobierno apoya un genocidio".
La decisión de la Casa Blanca ha provocado la renuncia en cascada de al menos cuatro altos cargos del Ejecutivo colombiano a sus visados en un gesto de solidaridad con Petro. Hasta el momento lo han anunciado la ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio; la titular de Industria y Comercio, Cielo Rusinque; y el de Hacienda, Germán Ávila, así como el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, frente a una medida que han coincido en considerar como una afrenta al país latinoamericano.