Archivo - March 18, 2025, Bogota, Cundinamarca, Colombia: Colombian president Gustavo Petro waves and gives a speach as demonstrators hold signs and banners in support of the different reforms propposed by his government in Bogota, Colombia, March 18, 202 - Europa Press/Contacto/Jorge Londono - Archivo
El caso en su contra por supuesta financiación irregular de su campaña lo llevará una comisión del Congreso
MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejará de ser investigado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que formuló cargos en su contra por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022, después de que el Tribunal Constitucional haya determinado este jueves que no es éste, sino la Comisión de Acusaciones, el organismo que tiene autoridad para investigar al jefe del Estado.
"La Cámara de Representantes es la autoridad competente para asumir la investigación respecto del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de presidente de la República, por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, de las cuales fue candidato", ha declarado el Constitucional, tras una reñida votación con cinco votos contra cuatro.
En consecuencia, el CNE deberá enviar, en un plazo máximo de cinco días, las diligencias del caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, de modo que "ejerza las competencias que le corresponden respecto del" mandatario colombiano.
Según el escrito del que se ha hecho eco W Radio, sí podrán ser investigados por el CNE el resto de vinculados a la campaña de Petro de 2022: "partidos, movimientos o cualquier miembro de las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico", donde explicita "a excepción del candidato y hoy presidente".
El Constitucional ha dado la razón a Petro, que había interpuesto un recurso contra el fallo del Consejo de Estado permitiendo al CNE investigarle. El organismo considera que la campaña sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (1,14 millones de euros) y que, además, recibió donaciones de personas jurídicas, extremo prohibido explícitamente por la ley electoral.