MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La junta militar de Burkina Faso ha denunciado un "chantaje" por parte de Estados Unidos al suspender su servicio de entrega de visados a ciudadanos del país y ha vinculado la decisión con su negativa a aceptar la expulsión a su territorio de migrantes en situación irregular desde el país norteamericano.
La Embajada estadounidense en Uagadugú afirmó el jueves en un comunicado que "pausaba de forma temporal" todos los servicios de visados, incluidos visados a migrantes, turistas, empresarios, estudiantes, intercambio y la gran mayoría de otras categorías no migratorias".
"Se ha notificado a los solicitantes de visa afectados sobre las cancelaciones de sus citas", dijo, antes de afirmar que la medida no afecta a visados diplomáticos y recalcar que la Embajada de Estados Unidos en Togo será la que se encargue por ahora de los servicios de visados a residentes en Burkina Faso.
En respuesta, el ministro de Exteriores burkinés, Jean Marie Traoré, ha afirmado que la medida se enmarca en los intentos de Washington de lograr que Uagadugú acepte en su territorio a migrantes expulsados por Estados Unidos, el último de los cuales habría tenido lugar el miércoles, un día antes del anuncio de la Embajada.
Traoré ha tildado la propuesta de "indecente" y de "contraria a los valores de dignidad" que defienden las autoridades de Burkina Faso, que "no será un destino de deportación", al tiempo que ha resaltado que se trata de una medida de "presión" y "chantaje diplomático", según ha recogido el portal burkinés de noticias Burkina24.
"Nuestro país acogerá a quienes vengan por voluntad propia, no a quienes queramos someter a mandato judicial", ha esgrimido, antes de explicar que los expulsados "no pueden elegir su destino". "En diplomacia hablamos de reciprocidad. Tomaremos las medidas apropiadas sin comprometer la amistad entre los pueblos burkinés y estadounidense", ha zanjado.
Estados Unidos ha expulsado durante las últimas semanas a varios "criminales" a países como Ghana, Sudán del Sur y Esuatini, así como a El Salvador, al tiempo que la Administración de Donald Trump sopesa acuerdos similares con otros países para acelerar estas deportaciones de personas en situación irregular.