Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. - MARISA PIQUERAS - EUROPA PRESS
ESTRASBURGO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución promovida por el PP español en la que se insta al Consejo Europeo a no levantar las sanciones impuestas a "responsables de violaciones de los derechos humanos" en Venezuela, como la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, si no hay pasos significativos hacia una transición pacífica a la democracia. El texto ha salido adelante con una abrumadora mayoría, 507 votos a favor --incluidos los votos de muchos socialistas--, 31 votos en contra y 35 abstenciones.
La presidenta encargada de Venezuela, que ha sido invitada por el Gobierno español a la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid a primeros de noviembre, está sujeta a sanciones de la UE que le impiden viajar a territorio europeo, si bien se pueden hacer excepciones. Así ocurrió en la cumbre UE-CELAC celebrada en julio de 2023 en Bruselas, bajo presidencia española de la UE, a la que acudió.
En concreto, en el texto aprobado se defiende que en Venezuela haya pasos como la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de todos los cargos con motivación política contra la oposición democrática al régimen, y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia elecciones libres y justas.
En la resolución, la Eurocámara recuerda a los Veintisiete que hasta que no se adopten "medidas significativas" hacia una transición pacífica a la democracia "liderada por los venezolanos y respetuosa de su soberanía", el Consejo --que celebrará reunión en junio con los primeros ministros y jefes de Estado-- "no debe levantar ninguna de las sanciones impuestas a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos", pidiendo a la UE hacer todo lo posible para lograr estos resultados.
ALBARES HA PEDIDO RETIRAR LAS SANCIONES A DELCY RODRÍGUEZ
La eurodiputada del PP y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha justificado esta resolución sobre Venezuela alegando que Delcy Rodríguez "ha dejado sin efecto la ley de amnistía y sigue siendo mano derecha de un narcodictador", en alusión a Nicolás Maduro.
"Pedimos que vuelva a tener vigencia y tenga efectos jurídicos la ley de amnistía porque tienen que salir todos los presos políticos que están en la cárcel, que son unos 470", ha declarado Montserrat ante los periodistas, para añadir que la oposición venezolana les pide seguir "elevando la voz" y el PP español continuará con su "presión internacional" para lograr la democracia en Venezuela.
Además, la dirigente del PP ha criticado duramente que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, --que solicito retirar las sanciones a Delcy Rodríguez-- haya anunciado esta semana que se va a invitar a la presidenta encargada de Venezuela a la Cumbre Iberoamericana de noviembre sin estar haciendo reformas en Venezuela. A su entender, es "un desafío a Europa".
"Lo que tendría que decir el ministro Albares es que solo se invitará a Delcy si ha liberado a los presos políticos y se hacen reformas para la transición democrática", ha manifestado, para añadir que lo contrario es una actitud "desafiante".
LIBERACIÓN DE MÁS DE 400 PRESOS POLÍTICOS
En la resolución promovida por el PP español se critica que la Ley de Amnistía de Venezuela no haya logrado "la liberación incondicional de todos los presos políticos, con al menos 470 aún detenidos injustamente en condiciones inhumanas", y que su finalización prematura, su alcance limitado, la falta de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria no hayan proporcionado base alguna para la reconciliación política".
Además, pide la liberación "total e incondicional" de todas las personas detenidas "arbitrariamente por motivos políticos"; insiste en que todas ellas recuperen plenamente sus derechos civiles y políticos; y subraya que la Ley de Amnistía no debe en ningún caso aplicarse para proteger a los responsables de violaciones de los derechos humanos, quienes deben rendir cuentas plenamente.
En la resolución, también se insta al régimen a poner fin inmediatamente a la represión y a reformar las principales instituciones judiciales, policiales y electorales, incluido el cierre de todas las instalaciones utilizadas para la detención arbitraria, los malos tratos y la tortura.
Además, reclama el fin de toda persecución política, el levantamiento incondicional de todas las restricciones contra estas personas y garantías de retorno seguro sin represalias. También recuerda que, en todas las circunstancias, debe respetarse el Derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.