La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la tercera edición del Foro CREO, en el Hotel Westin Palace de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). El foro, que ha sido organizado por el diario Cinc - Ricardo Rubio - Europa Press
MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sector de los centros de datos en España ha mostrado un rechazo "absoluto" al nuevo proyecto de real decreto sobre 'data centers' presentado este lunes por la noche por el Gobierno y advertido de que utilizará todas las vías legales a su alcance para impedir que la normativa salga adelante.
El Ejecutivo ha remitido al Consejo de Estado una nueva propuesta de la norma en la que suaviza las exigencias de su primer proyecto para definir el marco regulatorio del sector, pero fuentes de la industria consideran que el texto es "inaceptable", supone "el peor escenario" y crea una situación crítica en la que "sus teléfonos están echando chispas".
Asimismo, alertan de que, por razones de confidencialidad, no pueden trasladar las malas noticias que están recibiendo recientemente y anticipan que la regulación provocará una fuga continuada de compañías hacia mercados cercanos, advirtiendo de que son conscientes de que algunas empresas ya están iniciando su traslado.
Según las mismas fuentes, tras el primer real decreto se retiraron de forma inmediata inversiones por valor de 9.000 millones de euros y actualmente se encuentran en peligro un total de 67.000 millones, anticipando la llegada de noticias negativas en las próximas jornadas tras congelar empresas como Google sus planes de inversión.
EXPOSICIÓN A "APAGONES PROVOCADOS" Y PEAJES DEL 500%
Las fuentes sectoriales rechazan rotundamente que el texto se haya suavizado e insisten en que la 'opción A' previa sigue siendo imposible de aplicar en la práctica, algo en lo que coincide la industria de las energías renovables al manifestar que ningún actor del sector puede cumplir con ese primer escenario.
Respecto a la 'opción B', critican que introduce una incertidumbre e inseguridad inaceptables para un sector que requiere un funcionamiento ininterrumpido, argumentando que las instalaciones operan las 24 horas del día.
Desde el sector denuncian que sufrir cortes de suministro a criterio del Ejecutivo de forma indefinida, no remunerada y siendo los primeros afectados supone una discriminación incomprensible.
En este sentido, cuestionan quién va a acudir a invertir a España a sabiendas de que al instalar un 'datacenter' en el país se arriesgan a perder la licencia, asumir peajes desproporcionados por una regulación inalcanzable y sufrir desconexiones discrecionales.
A juicio de la industria, el sector está pagando las consecuencias del "apagón del Gobierno", afirmando que este impactará de lleno en los centros de datos mediante cortes forzados, lo cual consideran inasumible, por lo que reclaman que este debate se tramite con mayor serenidad, profesionalidad y transparencia.
COMPARECENCIA EN EL CONSEJO DE ESTADO Y FRENO A LA URGENCIA
El sector ha confirmado que comparecerá ante el Consejo de Estado tras haber sido aceptada su petición para personarse y presentar sus alegaciones, siendo su prioridad exigir que se tramite por la vía ordinaria y sin urgencia.
A su juicio, falta margen de tiempo y análisis técnico para garantizar un texto con suficientes garantías jurídicas, considerando además que las prisas responden a la intención de aprobar la norma antes del 29 de noviembre, fecha a partir de la cual el Ejecutivo pasaría a estar en funciones.
En sus alegaciones ante el órgano consultivo, cuya revisión estiman que oscilará entre seis y quince días, denunciarán irregularidades legales como la vulneración del principio de reserva de ley, la falta de proporcionalidad de las medidas y la inexistencia de motivos que justifiquen la urgencia.
Tras dicho informe, la norma deberá contar con los dictámenes de los ministerios de Transformación Digital, Transición Ecológica y Economía antes de pasar por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, finalmente, por el Consejo de Ministros.
El sector no descarta acudir a la vía judicial en función de cómo redacte el Ejecutivo el texto definitivo, evaluando también la falta de una memoria económica y de impacto suficiente que justifique medidas como la revocación de licencias.
CRÍTICAS A LA DISCRIMINACIÓN FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN
Desde el sector tachan la norma de ilegal al considerar que es imposible de cumplir y denuncian un trato de favor manifiesto debido a que el Ejecutivo se aplica una exención a sí mismo y excluye a los centros de datos de la Administración pública, al tiempo que exime a proyectos como la gigafactoría de Mora la Nova (Tarragona).
Frente a las interpretaciones mediáticas que apuntaban a un suavizado de las exigencias, las fuentes desmienten este extremo de forma categórica: "La lectura que le han querido dar de que se suaviza, no; se nos hace elegir entre el tipo de soga con la que queremos ahorcarnos".
En este sentido, señalan que el real decreto aboca a la industria a la alternativa de exigir un 80% de generación renovable con un 80% de correlación horaria --medida calificada de desproporcionada que supondría multiplicar por 14 la capacidad de la red--, o bien aceptar el riesgo de cortes de red, algo que consideran grave al situar a los centros de datos como el único sector afectado por esta restricción.
PETICIÓN DE RETORNO A LA CNMC Y NOTIFICACIÓN A LA COMISIÓN EUROPEA
Las fuentes consultadas exigen que la norma vuelva a pasar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al entender que las modificaciones son de gran calado y requieren un nuevo dictamen, señalando que el texto no realiza una interpretación completa de las recomendaciones del organismo regulador ni se adecúa a sus planteamientos.
Por otro lado, el sector prevé dar constancia a la CNMC de una nueva infracción regulatoria al no haber notificado la norma a la Comisión Europea mediante el procedimiento TRIS, trámite que consideran obligatorio por introducir restricciones técnicas a los servicios de la sociedad de la información.
Tras alertar de que la norma vulnera la unidad de mercado comunitaria, el sector asegura haber recibido el texto únicamente a través de su descarga de portales públicos y por informaciones periodísticas sin notificación oficial previa, reiterando su rechazo "absoluto" y reclamando que el Gobierno escuche sus criterios técnicos para evitar acabar con una industria estratégica y generadora de empleo e inversión.