MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares contra dos opositores salvadoreños que se encuentran encarcelados, por lo que ha abierto un mecanismo de protección que exige al Gobierno de El Salvador tomar las medidas pertinentes para garantizar sus Derechos Humanos.
Los dos opositores son el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza y la jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de la Fundación Cristosal, Ruth López, ambos en prisión e incomunicados.
Tras considerar que se encuentran en "situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en El Salvador", se han impuesto estas medidas de protección con el objetivo de lograr su protección, según ha indicado la CIDH en un comunicado.
Anaya fue encarcelado en junio y sigue incomunicado, "sin que sus familiares y abogados conozcan sus condiciones de detención o estado de salud pese a las decisiones judiciales tomadas a su favor". "Ante la situación de incomunicación absoluta, no se tiene certeza sobre su situación actual ni sobre su estado de salud, aunque padece una enfermedad crónica", recoge el documento.
No obstante, las autoridades salvadoreñas aseguran que el preso tiene permitido recibir alimentos especiales "conforme a sus requerimientos de salud, proveídos por sus familiares". Además, afirman que no se han presentado pruebas de la existencia de un "riesgo real a la integridad física o mental del beneficiario que no pueda ser prevenido o reparado por los mecanismos nacionales".
Por su parte, López fue arrestada en mayo y se encuentra en el Centro Penitenciario para Mujeres Granja de Izalco, también incomunicada y sin contacto con sus familiares ni representantes legales. En este caso, tampoco hay información sobre su situación actual ni su estado de salud.