MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú ha descartado la existencia de una red de prostitución dentro del Parlamento, tal como se denunció en diciembre del año pasado, después del asesinato de Andrea Vidal, socia del supuesto cabecilla de esa trama, ahora exjefe de la oficina legal de la cámara, Jorge Torres Saravia.
El informe final establece que no hay indicios suficientes para establecer que hubo una red de prostitución, pero sí reconoce que se produjeron contrataciones irregulares marcadas por un claro enfoque sexista. Al mismo tiempo se recomienda investigar a Saravia por un delito de uso indebido de cargo público.
De igual forma, el texto también apunta que el partido Alianza para el Progreso (APP), al que pertenecía Saravia, habría tenido un rol determinante en unos hechos, que investiga la Fiscalía y que salieron a la luz después de que unos sicarios asesinaron a plena luz del día a Vidal en el distrito de La Victoria, en Lima.
Las prensa peruana contó que ambos formaban parte de una trama en la cual Saravia se encargaba de encontrar a supuestas prostitutas para que Vidal las acomodara en del Congreso como secretarias o asesoras.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, sugirió entonces que la presunta trama tendría como objetivo conseguir el voto de los parlamentarios a cambio de favores sexuales.
Saravia, abogado de profesión, llegó al Congreso en 2020 de la mano de Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso, uno de los partidos que sostiene a la muy cuestionada presidenta, Dina Boluarte. En su pasado consta un delito de violencia sexual, que él mismo reconoció, pero del que no fue juzgado.