Archivo - Manifestantes reclaman la dimisión del ministro de Justicia de Chile, Fernando Rabat, y del subsecretario Luis Silva debido a reducciones de pena concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad - Manuel Urzua / Zuma Press / Europa Press
MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los partidos de la oposición en Chile han oficializado la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por presuntas "infracciones evidentes" de la ley tras firmar decretos que rebajaron las penas a condenados por delitos sexuales y violaciones de los Derechos Humanos.
El libelo acusatorio, suscrito de forma conjunta por todas las formaciones opositoras con el objetivo de que prospere en la Cámara de Diputadas y Diputados, sostiene que el titular de Justicia abandonó sin mediar cambio legal los criterios aplicados por dos administraciones anteriores, resolvió a favor de los reos sin considerar a las víctimas y atribuyó posteriormente la responsabilidad de las decisiones a comisiones técnicas, al Tribunal Supremo y al Ejecutivo precedente, según ha informado Televisión Nacional de Chile (TVN).
En concreto, la acusación se articula en torno a tres capítulos de presuntas irregularidades. El primero apunta a la concesión de 56 rebajas de condena entre junio y septiembre de 2026 a agresores sexuales de menores de edad, otorgando beneficios que, según denuncian los parlamentarios, la Ley 21.421 prohíbe expresamente, además de omitir el interés superior del niño y no escuchar a las víctimas.
El segundo capítulo cuestiona la reducción de penas otorgada a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad --quienes recuperaron la libertad--, reprochando a Rabat haber aplicado exclusivamente la Ley 19.856 sin ponderar la gravedad de los delitos ni las exigencias de los tratados internacionales de Derechos Humanos en materia de colaboración con la justicia, reparación y esclarecimiento del paradero de detenidos desaparecidos.
Finalmente, el tercer apartado acusa al ministro de vulnerar el principio de probidad y el deber de lealtad institucional al entregar información "inexacta e incompleta" al Congreso durante sus comparecencias ante la Comisión de Constitución del Senado y el pleno de la Cámara Baja los pasados 27 y 28 de octubre, donde aseguró que su cartera se limitó a formalizar resoluciones impuestas por instancias técnicas y judiciales.