Publicado 20/11/2026 22:10

Guatemala atribuye el asesinato del exfiscal Solórzano Foppaa a la pandilla 'Barrio 18'

Archivo - Agentes de policía custodian la entrada del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en el municipio de Fraijanes, Guatemala, el 18 de enero de 2026 (archivo)
Archivo - Agentes de policía custodian la entrada del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en el municipio de Fraijanes, Guatemala, el 18 de enero de 2026 (archivo) - Str / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscalía de Guatemala ha señalado este viernes a integrantes de la pandilla 'Barrio 18' como los presuntos responsables del asesinato del exfiscal de corrupción, Juan Francisco Solórzano Foppa, y el alto cargo de la administración tributaria, Gustavo Adolfo Aguilar Gramajo, ocurrido el pasado 17 de octubre en la capital del país.

El fiscal general, Gabriel García Luna, ha confirmado que las investigaciones han podido concluir la participación de este grupo criminal en los asesinatos. "Sí, efectivamente fue el grupo terrorista denominado Barrio 18 el actor material del asesinato" ha matizado en una rueda de prensa recogida por el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.

Además, García Luna ha aclarado que por el momento no pueden dar mas detalles por la "reserva judicial, para no dañar la investigación y poder capturar al resto de personas involucradas".

Por su parte, el secretario general de la Fiscalía, Edwin Santiago Chavajay, ha informado de la detención de dos sospechosos, integrantes de la red criminal por estar ligados al proceso penal de los asesinatos. Así, las investigaciones buscan esclarecer quiénes participaron directamente en el ataque y quiénes cooperaron para cometerlo. Según Chavajay, en los próximos días se esperan nuevas detenciones.

Por su parte, el coordinador nacional de la Fiscalía, José Raúl López Lamadrid, ha explicado que las investigaciones han permitido encontrar posibles errores en el operativo policial posterior al ataque. Inicialmente, la Policía capturó a los hermanos Choc Toz como presuntos responsables del crimen, pero estos fueron puestos en libertad por orden de la Fiscalía al considerar que no tenían relación con los hechos.

En este sentido, se abrió una línea de investigación para determinar si hubo irregularidades en la detención de los hermanos, a quienes presuntamente les implantaron un arma de fuego. Las pesquisas permitieron la detención de siete integrantes de la Policía Nacional, entre ellos un comisario, un oficial y un inspector.

De esta manera, los delitos incluyen abuso de autoridad y transporte y traslado ilegal de armas de fuego. Estas diligencias han permitido vincular a los propietarios del arma y establecer la relación de un agente de la Policía Nacional que elaboró documentos relacionados con un traspaso anómalo. De acuerdo con López Lamadrid, hay diez personas ligadas al proceso legal en esta línea de investigación.

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