MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El gobierno de Ecuador ha afirmado este domingo que "no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo" con los grupos indígenas involucrados en el paro nacional convocado tras la retirada del subsidio al diésel, a pesar del acuerdo alcanzado esta semana para poner fin a las protestas en la septentrional provincia de Imbabura, y ha anunciado que "actuará con firmeza".
"El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo ante las pretensiones de imposiciones establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas", reza el comunicado difundido en la red social X por parte del Ministerio de Gobierno.
La cartera ha estimado que dichas exigencias, que no ha detallado, "alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe en anteriores encuentros".
El Ejecutivo presidido por Daniel Noboa ha subrayado que "las vías no han sido despejadas, los manifestantes no se han retirado y mantienen acciones violentas", y ha lamentado que "no se ha cumplido lo acordado".
"El Gobierno no aceptará presiones, ni chantajes; actuará con firmeza, dentro del marco de la ley, para garantizar los derechos de la mayoría de ecuatorianos que quieren vivir en paz", ha concluido.
El comunicado alude al acuerdo alcanzado el pasado miércoles tras una reunión entre el ministro de interior, John Reimberg, y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador (FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC); no así la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la mayor organización indígena del país y organizadora de las protestas, incluidas algunas de las vías que Quito pretendía desbloquear con el acuerdo.
El pacto incluía el establecimiento de mesas técnicas territoriales para tratar los problemas de las comunidades, el traslado a Ibarra de 12 detenidos por el ataque a un cuartel de la Policía de Otavalo en la primera semana del paro o la apertura de las carreteras, entre otras medidas.
Imbabura ha sido la provincia más afectada por el paro iniciado el pasado 21 de septiembre y ha sido allí donde se ha producido la mayor parte de protestas, aunque también se han extendido en Cotacachi, Otavalo e Ibarra y, en menor medida, en Cayambe y en el norte de la región capitalina, Quito. El Gobierno ha respondido con la movilización del Ejército para reprimir las protestas y en los enfrentamientos ha muerto al menos un comunero indígena, una tensa tónica que podría volver tras el detenimiento del diálogo.