Esta medida permitirá a las IIC españolas mejorar la rentabilidad a sus partícipes, manteniendo los estándares de seguridad y transparencia
MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las instituciones de inversión colectiva (IIC), como los fondos o sociedades de inversión, podrán prestar temporalmente determinados valores e instrumentos financieros a otras entidades, lo que les permitirá mejorar la rentabilidad de sus partícipes, incentivar una mayor presencia de los inversores minoristas y aumentar las oportunidades de financiación de las empresas españolas.
Así lo establece la orden ministerial, firmada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, que regula el préstamo de estos valores.
Esta medida permitirá aumentar la competitividad de las IIC españolas y del mercado de capitales español, al alinear el marco normativo al europeo. Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido o Suiza, ya permitían a sus instituciones de inversión colectiva prestar sus valores.
Con esta nueva regulación se garantiza el equilibrio entre la competitividad del sector y la protección de los clientes, al permitir que las instituciones de inversión colectiva españolas puedan obtener mayores rentabilidades, manteniendo siempre altos estándares de seguridad y transparencia, según explica Economía en un comunicado.
Según el departamento que encabeza Carlos Cuerpo, la posibilidad de obtener mayores rentabilidades incentiva una mayor presencia de los inversores minoristas en los fondos de inversión españoles y aumenta las oportunidades de financiación de las empresas.
OBLIGACIONES Y REQUISITOS
La norma permite a las instituciones de inversión colectiva españolas prestar sus valores e introduce una serie de obligaciones y requisitos que aseguran que esta práctica se realice con seguridad y garantías para los accionistas y partícipes de los fondos o sociedades de inversión.
De esta forma, las IIC podrán prestar temporalmente valores (acciones, bonos, fondos cotizados, etc.) a otras entidades financieras supervisadas, siempre bajo estrictas garantías como contrapartida de los valores prestados y de control interno para las gestoras y las sociedades de inversión.
Se introducen límites al patrimonio de la institución que puede prestarse, umbrales de diversificación de los prestatarios (y requisitos que éstos deben reunir (tipología de entidades, calificación crediticia).
Todas las operaciones deberán estar respaldadas por garantías líquidas y seguras, cuyo valor será superior al de los valores prestados y se actualizará diariamente. Se refuerzan también las obligaciones de información y transparencia.
Los fondos deberán informar a sus inversores sobre los riesgos, costes y contrapartes de estas operaciones. La nueva norma entra en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE y deroga la regulación anterior, que data de 1991.