Archivo - Ataque de EEUU a una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental - SOUTHCOM - Archivo
MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha reclamado este lunes una investigación sobre el papel de Estados Unidos en un ataque perpetrado a inicios de 2026 contra una embarcación ecuatoriana de la que ocho tripulantes permanecen todavía desaparecidos, en el marco de la política estadounidense de bombardear barcos en el océano Pacífico y el mar Caribe alegando tener pruebas de que participan en operaciones de narcotráfico, una conducta que se ha cobrado la vida ya de más de 200 personas desde septiembre de 2025.
"El 20 de enero 2026 el barco pesquero 'Fiorella' desapareció en aguas internacionales, tras haber zarpado del puerto de Jaramijó, Ecuador, siete días antes. Desde entonces se desconoce el paradero de ocho de sus diez tripulantes", ha denunciado Amnistía, según la cual "los indicios apuntan a que Estados Unidos pudo haber asaltado la embarcación como parte de su más reciente política antidrogas 'Southern Spear' (Lanza del Sur), por la que más de 60 naves han sido atacadas en la región, y más de 200 personas han sido asesinadas desde septiembre de 2025".
En este sentido, la organización ha señalado que, según la reconstrucción del recorrido del barco realizada por su laboratorio de evidencias, "el 'Fiorella' salió del puerto de Jaramijó, en la provincia de Manabí, y navegó por aguas ecuatorianas en dirección a las Islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador".
Además, personal de la organización ha viajado a las localidades de Manta y Jaramijó para entrevistarse con las familias de los ocho desaparecidos, que "buscan a sus seres queridos y exigen respuestas a las autoridades ecuatorianas desde enero", así como también ha mantenido encuentros con autoridades y ha analizado "declaraciones extraídas del expediente administrativo elaborado por la Capitanía de Puerto de Manta (perteneciente a la Armada del Ecuador)".
A la luz de esta labor, Amnistía ha concluido que, tras zarpar la noche del 13 de enero desde Jaramijó con diez tripulantes a bordo, y alternar entre aguas internacionales y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador continental de la de las Islas Galápagos, "en el cuarto día de navegación, la embarcación 'Fiorella' habría comenzado a ser objeto de un seguimiento sostenido por parte de aviones, patrullas y drones con simbología de Estados Unidos".
"El capitán de la nave, Juan Carlos Valencia, comunicó diariamente a su familia, a través de mensajes satelitales, su creciente preocupación por esta vigilancia", ha destacado la ONG.
En los siguientes días, Valencia informó a su familia y a los dueños de la embarcación de la presencia de aviones, drones e incluso de una patrulla marítima estadounidense.
El 19 de enero, un día antes de la pérdida de comunicación, la tripulación volvió a divisar drones, aeronaves y una patrulla marítima, según ha relatado Amnistía, que recoge que uno de los supervivientes relató haber visto varios drones y "una embarcación grande con bandera americana". El segundo superviviente, agrega, describió "una patrulla, dos aviones que pasaban bajito y que cargaban un símbolo azul parecido al de la NASA".
El amanecer del 20 de enero, día de la desaparición, "dos lanchas pesqueras, cada una con dos tripulantes, se desprendieron del barco nodriza Fiorella para tender varios kilómetros de espinel con anzuelos cebados, una tarea habitual en la pesca artesanal de altura".
"Una de esas lanchas, la 'Primer Mandamiento', se mantuvo a una distancia considerablemente mayor del 'Fiorella' que la otra: unas 15 millas náuticas (casi 28 kilómetros). Alrededor de las 6.00 horas, la tripulación de la 'Primer Mandamiento' terminó de colocar el espinel y se dispuso a desayunar", ha explicado Amnistía, que advierte que, siete horas despuésm estos pescadores escucharon por la radio que portaban a bordo "gritos desde la otra lancha: '¡Capitán, capitán, capitán!'". Inmediatamente después, se perdió toda comunicación con ambas embarcaciones.
Los tripulantes de la 'Primer Mandamiento', "los únicos que lograron regresar con vida", aseguraron a la Capitanía de Puerto haber divisado una gran columna de humo en dirección al 'Fiorella', sin poder determinar con certeza si correspondía a un incendio a bordo del barco nodriza, según ha informado la organización, que alerta de que "del 'Fiorella' y de la segunda lancha desprendida no se ha vuelto a tener noticia".
Ante estas circunstancias, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, ha lamentado que "las familias de las ocho personas cuyo paradero se desconoce temen que se trate de una desaparición forzada a manos de Estados Unidos". "Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deben confirmar o desmentir si existió participación de agentes estatales de cualquiera de los dos países, llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar con la suerte y paradero de las víctimas, y presentar evidencia fehaciente que demuestre qué fue lo que les pasó", ha reclamado.
AMNISTÍA PIDE INVESTIGACIONES SOBRE LOS ATAQUES A BARCOS
"Es como si el barco se hubiera esfumado y a nadie le preocupara cómo lo hizo ni qué pasó con las personas a bordo. ¿Acaso se fue volando? A más de seis meses de lo sucedido las autoridades ecuatorianas deben responder con claridad qué acciones han realizado para establecer los hechos, qué saben, qué no y cómo piensan atender los válidos reclamos de las familias de los desaparecidos", ha cuestionado, subrayando que "la investigación penal sobre estos hechos debe avanzar hasta identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia".
Al hilo, el director de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, Daniel Noroña ha reivindicado que "la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador", dos países estrechamente aliados bajo los respectivos gobiernos de Donald Trump y Daniel Noboa, "debe estar basada en la protección de los Derechos Humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho".
"Ambos países deben revisar los acuerdos bilaterales de seguridad existentes para garantizar que no contribuyen a la impunidad ni obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias", ha añadido.
En cuanto a Washington, Piquer ha defendido que "el Departamento de Justicia y las autoridades investigativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no sólo con relación al Fiorella, sino de todos los ataques a embarcaciones en alta mar".
De igual modo, ha reclamado al Congreso de Estados Unidos que impulse "una investigación legislativa sobre este grave incidente, con audiencias e informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando". "Además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de Inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales", ha zanjado.