BOLIVIA, 16 Aug (EUROPA PRESS)
El Parlamento venezolano aprobó recientemente la controvertida 'Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro', apodada como 'ley anti-ONG'. Esta medida legislativa surge en un contexto de elevada tensión política tras las acusaciones de fraude electoral lanzadas por la oposición contra Nicolás Maduro, quien resultó reelecto en unos comicios criticados por falta de transparencia a nivel internacional.
Durante el debate de ley, el diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), argumenta "hay ONG que reciben fondos" y financian actos de protesta y "terrorismo en el territorio nacional". En sus palabras, la ley busca "ponerle freno a esa posibilidad y que reciban la sanción de la ley aquellos que caigan en esta normativa", en una sesión dominada por la mayoría chavista en la cámara.
Amnistía Internacional condenó la aprobación de esta ley, expresando profunda preocupación por cómo vulnera derechos fundamentales como el de asociación y participación en asuntos públicos. Ana Piquer, directora de la organización para las Américas, criticó la ley por considerarla un claro atentado del gobierno de Maduro contra los defensores de los Derechos Humanos en el país.
Esta nueva normativa amenaza la operatividad y existencia de organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos. Con términos ambiguos, la legislación podría sancionar de manera desproporcionada e incluso ilegalizar a estas entidades arbitrariamente. Piquer destacó que la ley se inscribe en un contexto de represión gubernamental, que busca silenciar las voces críticas y denuncias de violaciones de Derechos Humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas por parte del gobierno.
En medio de la crisis post-electoral que vive Venezuela, las organizaciones de Derechos Humanos han estado al frente denunciando las múltiples detenciones arbitrarias y las muertes de manifestantes y activistas opositores al régimen de Maduro. La aprobación de esta ley, según Amnistía Internacional, pretende obstruir el apoyo y asistencia crucial que la sociedad civil ofrece a las víctimas, en una nación sumergida en una compleja crisis humanitaria.