BOLIVIA, 10 Jun (EUROPA PRESS)
El Gobierno boliviano, liderado por Luis Arce, está evaluando llevar a cabo acciones legales ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante los bloqueos y acciones de protesta impulsados por partidarios del expresidente Evo Morales. Según el ministro de Justicia, César Siles, estas acciones han exacerbado la crisis económica en el país con la intención de forzar la dimisión de Arce.
Durante una conferencia de prensa, Siles explicó, "Lo que estamos haciendo nosotros es pedir que se hagan los análisis correspondientes, tanto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la ONU (...), que puedan hacer una visita para comprobar no solamente estos bloqueos criminales, anuncios de cercos de este año, sino también lo sucedido el año pasado". Añadió que la solicitud se extiende a investigar lo ocurrido en 2024, relativo a un supuesto intento de golpe de Estado contra Arce y las denuncias contra Morales por vinculaciones con menores y restricciones constitucionales para su candidatura a un tercer mandato.
Además, el ministro reveló que se considera pedir la intervención del grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI), rememorando su papel durante la crisis de 2019 cuando Morales se vio forzado a renunciar y salir del país tras acusaciones de fraude electoral. "Estamos analizando la posibilidad de pedir incluso la conformación de un GIEI para el tema de los bloqueos del pasado año como de este año que, sin duda, han afectado y están afectando la libre locomoción, a la salud, a la educación", sostuvo Siles, puntualizando las graves consecuencias de estos bloqueos, que incluyen desde la interrupción del tránsito de ambulancias hasta el incendio de vehículos de emergencia y agresiones a personal médico.
Con estas medidas, el ejecutivo boliviano busca no solo confrontar las acciones recientes sino también esclarecer los eventos disruptivos que marcaron el año pasado, en un esfuerzo por restaurar la estabilidad y el respeto a los derechos humanos en Bolivia.